El Magisterio Nacional se enfrenta a uno de los
ataques más duros al derecho de libre sindicalización –que contempla el derecho
de huelga y de negociación colectiva-, producto de la acción de
inconstitucionalidad contra la convención colectiva firmada entre el MEP y el
SEC-SITRACOME.
El diputado Otto Guevara presento ante la Sala
IV una acción en la que argumenta que las relaciones laborales en el gobierno
central deben regirse por un estatuto del servicio civil, bajo lo que denominan
una relación pública de servicio y no mediante los procedimientos de resolución de los
conflictos colectivos de carácter económico y social previstos en los artículos
497 y siguientes del Código de Trabajo. Con ello se pretende declarar ilegales
las convenciones colectivas en el
Gobierno Central e impedir cualquier negociación futura.
Esta acción no va simplemente contra algunos
artículos de la convención (licencia de dos años por lactancia, licencia con
goce de salario por un mes a partir del nacimiento o adopción de hijos y el
permiso para atender familiares que requieren cuidados especiales por causas de
accidentes o enfermedades graves no terminales, entre otros pocos beneficios
otorgados); lo que busca con toda
claridad es enterrar de una vez por todas cualquier posibilidad de negociación
colectiva e imponer el criterio que defienden los proyectos de ley de empleo
público, bajo la premisa de los beneficios del sector público solo pueden darse
por medio de una ley de la República y no mediante el ejercicio de la
negociación colectiva entre el patrono y el sindicato o sindicatos.
En el caso de la APSE hay que recordar que
justamente la transformación a sindicato obedecía a esta necesidad de participar
de la negociación colectiva, que ahora se convertiría en letra muerta de
declarase con lugar esta acción que es una de las hipótesis más probable.
En
el terreno legal la batalla está perdida
Los argumentos expuestos por Guevara ya han sido
avalados por la Sala Constitucional en otros momentos, cuando ha afirmado que “en el sector público solo pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo los
servidores que no participan en la gestión pública, de tal forma que
entes con un régimen de empleo de naturaleza laboral (no pública), como por ejemplo, las empresas del
Estado, de las que se ha dicho la doctrina nacional que son
"aquellas que funcionan como si fueran empresas privadas, porque venden y hacen
lo mismo que los particulares.[i]. Por lo que en el terreno estrictamente
jurídico el resultado de dicha acción es claramente previsible y poco
esperanzador para los trabajadores.
Preocupa
entonces que hasta la fecha los sindicatos sigan insistiendo en que darán una
batalla jurídica en la Sala IV y ante la OIT sin mencionar ni por asomo la
lucha en las calles, por cuanto estas medidas legales son insuficientes y nos
llevarán a un callejón sin salida en el cual los magistrados de la Sala podrán
resolver conforme a los criterios antilaborales que han venido pregonando.
Si no hay lucha
y movilización no hay forma de defender el derecho de negociación colectiva.
El
gobierno y Guevara están juntos en la guerra al sector público
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El pasado 2 de febrero se dio a
conocer una reunión entre sindicatos y autoridades del MEP para valorar los
escenarios frente a la acción de inconstitucionalidad. El único detalle que
parecen olvidar las dirigencias sindicales es que el gobierno de Luis Guillermo
Solís le ha declarado la guerra a las convenciones colectivas, lo que deja en
claro el propio Ministro de Trabajo afirmando que “Ahora tenemos denunciadas la
de Japdeva, la de Recope, AyA, y cuatro bancos, pero después van a venir otras,
ahí tenemos muchos millones que se deben reubicar” [ii].
El gobierno ya ha denunciado –mecanismo
legal que obliga a renegociar los términos acordados- 3 convenciones colectivas
y su plan es denunciar cerca de 17 más, haciéndose acreedor de un record en
ataques a convenciones colectivas en la historia del país. Por ello es que
Solís y Guevara están juntos en esta cruzada, que tiene como telón de fondo cobrarles
el déficit fiscal a los trabajadores y dejar los privilegios fiscales de los
grandes ricos intactos,
Otto Guevara actúa entonces
simplemente como un tinterillo del Ejecutivo, acudiendo a la Sala para
facilitar el avance de la agenda gubernamental de ataque al sector público, heredada del gobierno del PLN y que esta
administración lleva adelante con el pie en el acelerador. Hay una gran presión
por esta agenda anti laboral, lo cual hace suponer un rápido avance de esta
acción en la Sala y su pronta resolución para despejar el camino de la ofensiva
al sector público.
Necesitamos
un plan de lucha urgente
La pasividad con la que han
actuado las dirigencias sindicales en este tema debería preocuparnos, por
cuanto como ya dijimos está en juego uno de los principios fundamentales de la
libre sindicalización como lo es la negociación colectiva. No van a enterrar
solo la convención MEP-SEC-SITRACOME, sino cualquier posibilidad de logra conquistas
salariales producto de la fuerza de nuestra movilización, aduciendo la
imposibilidad legal de negociar colectivamente nuestras condiciones laborales.
Creemos que la APSE debe realizar con carácter de urgencia una
convocatoria a la Asamblea de Presidentes de Base con los representantes de
todo el país, en la cual democráticamente se definan las acciones de
movilización para enfrentar esta
arremetida cogestada desde los tres Poderes de la República.
La APSE debe encabezar una llamado a un frente nacional por la defensa de las
convenciones colectivas que hoy están amenazadas, no solo en el MEP
sino en otras instituciones como la UCR, JAPDEVA, Municipalidades, y otras. Solo unidos, con movilización y sin
ninguna confianza en el Gobierno y el Poder Judicial podremos encarar de forma
diga esta lucha.
[i] Sala Constitucional,
resolución número 4453-2000 de las catorce horas con cincuenta y seis minutos
del veinticuatro de mayo del dos mil.
[ii] “Vamos a denunciar cada convención colectiva”,
Diario Extra 23/12/2014. Disponible en http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/249075
